La aprobación en el Senado del dictamen de ley que prohíbe el castigo corporal como método de corrección a niños y niñas en México es un primer paso, pero se requiere agregar al castigo humillante o psicológico para poder proteger los derechos de los menores, consideraron expertos.
“Aplaudimos que se ponga el dedo en la llaga, pero consideramos que es importante agregar, y esperemos que se amplíe, el castigo humillante”, consideró Mariana Pría, coordinadora de incidencia política de la organización Save The Children.
“Es un primer paso importante, es una deuda histórica que tenía México. Pero vamos más allá de que quede establecido en la ley como declaración, es decir, ¿qué más se debe realizar para que no ocurra la violencia?”, agregó Leonardo Mier, oficial de protección de Unicef México.
Mariana Pría indicó en entrevista para La Nota Dura, de El Financiero Bloomberg, que la violencia psicológica o el castillo humillante se presenta de diversas maneras, como la discriminación y la ridiculización. “Lo tenemos normalizado, y si lo condenamos con los adultos y no permitimos, ¿porque se acepta en niños?”, dijo.
Leonardo Mier añadió en el mismo panel que la atención en el problema de la violencia se centra en la violencia explícita. “Lo que vemos en la televisión, los homicidios, los asesinatos, etc (…) Claro que son graves, pero hay una serie de violencias que nacen en la familia, en la escuela, y que no se evidencian”, dijo.
La especialista de Save The Children añadió que el dictamen aprobado en Senadores, que aún debe pasar por la Cámara de Diputados, no tiene como objetivo criminalizar a una madre o a un padre, sino que debe convertirse en un trampolín hacia políticas públicas enfocadas a defender a los menores y generar un cambio cultural.
Leonardo Mier señaló que en México 6 de cada 10 niños y adolescentes de entre 1 y 14 años han sido víctimas de algún tipo de violencia en su núcleo familiar.
“Que ese compromiso se traduzca en políticas públicas y en más presupuesto, en términos presupuestales no hay un aumento frente a lo que teníamos en 2018. Más allá de las políticas sociales hace falta ser más explícito sobre lo que se debe otorgar a los niños para que vivan sus derechos”, consideró el especialista.
Fuente: ElFinanciero
