El pleno de la Cámara de Diputados
aprobó por unanimidad con 407 votos a favor el dictamen con proyecto de decreto
por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, a fin de incorporar a servidores públicos al catálogo de sujetos
que pueden ser sancionados por violación a leyes en esa materia.
El dictamen avalado que reforma los
artículos 456 y 457 de dicha normativa establecen las sanciones a servidores
públicos que cometan infracciones en materia electoral con amonestación pública
y multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización.
Se agrava para quienes utilicen recursos
públicos para presionar o coaccionar a los electores a fin de inducir el
sentido del voto, quienes serán sujetos a una multa de entre cinco mil y 10 mil
Unidades de Medida y actualización.
En caso de reincidencia se constituye el
doble de la multa originalmente impuesta.
Al fundamentar el dictamen, Rocío
Barrera Badillo, de Morena, explicó que además se dispone que sin menoscabo de
las sanciones electorales que se impongan a los servidores públicos, los cuales
estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y penales que de la
misma conducta deriven.
Al fijar su postura, el diputado Ricardo
Aguilar Castillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aplaudió las
reformas cuyo objetivo es establecer la posibilidad de que el Instituto
Nacional Electoral (INE) sancione y multe a funcionarios.
Agregó que se prevé también para
aquellos que ostentan un cargo de elección popular que realizan actos de
propaganda en favor de un instituto político o candidato, que utilizan recursos
públicos o violentan de cualquier manera la democracia mexicana.
Del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge
Arturo Espadas Galván sostuvo que su bancada está a favor de sancionar de
manera eficaz a todos aquellos funcionarios que por cualquier motivo, a través
de su actuación, desvíen recursos públicos desde su propio tiempo hasta
recursos monetarios para beneficiar alguna campaña política.
El autor de la iniciativa, Pablo Gómez
Álvarez, de Morena, precisó que hoy este proyecto tiene como propósito dejar
atrás una impunidad inscrita en las leyes que este año cumplirá 30 años de
haber sido introducida en la legislación electoral del país.
“Señores legisladores, si en algo
nos pudimos unir, no es en la arqueología de lo que ha ocurrido antes, cada
quien tiene sus versiones, sino de la tarea de desmontar la simulación, los
privilegios y las impunidades”, señaló.
Por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle
señaló que a partir de esta reforma se establecen sanciones a los funcionarios
que van desde la amonestación pública hasta la multa, y se agrava cuando se
trata del uso de recursos públicos por la presión o coacción a los electores a
efecto de inducir el sentido del voto.
Valentín Reyes López, de Morena,
puntualizó que buscan que servidores sean ejemplo de decoro y dignidad para
evitar que desde el cargo público que ostentan, afecten la equidad y regulen
las elecciones.
Destacó que el dictamen precisa a los
funcionarios como posibles infractores de las leyes electorales, a fin de
establecer sanciones que van desde amonestación pública, hasta multas, con
independencia de otras responsabilidades administrativas o penales.
En lo particular, los legisladores
avalaron con 407 votos una reserva al Artículo 457 del dictamen para eliminar
dos palabras que no son necesarias y que al desaparecer podrían garantizar que
esta reforma no termine en impunidad.
