El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General Antiextorsión, que aumenta penas hasta 42 años, unifica el tipo penal en todo el país y obliga a bloquear llamadas y datos desde reclusorios para frenar delitos cometidos desde prisión.
Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma que busca frenar uno de los delitos con mayor crecimiento en México. La legislación, que fue avalada con 110 votos a favor, unifica el tipo penal en todo el país, fortalece la protección a las víctimas y establece reglas estrictas para prohibir el uso de celulares y dispositivos electrónicos dentro de los centros penitenciarios.
La minuta regresa a la Cámara de Diputados con 21 modificaciones a 15 artículos, además de la inclusión de un artículo transitorio.
Delito de alta incidencia
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, advirtió que la extorsión no solo afecta el patrimonio, sino que lesiona la tranquilidad y dignidad de las personas, por lo que la reforma representa una oportunidad para que el Estado demuestre que este delito no será tolerado.
A su vez, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que el nuevo marco legal cierra espacios a la impunidad. Recordó que la extorsión es el tercer delito con mayor incidencia en México, por lo que era necesaria una legislación más robusta.
Sanciones más severas
Los senadores modificaron el tipo penal aprobado originalmente en San Lázaro para evitar que los condenados por extorsión accedan a beneficios y libertad anticipada. Como consecuencia, la pena mínima aumenta a 15 años y la máxima a 25 años.
Las sanciones pueden llegar hasta 42 años, dependiendo de factores agravantes como:
- Si el delito se comete desde prisión
- Si se usa violencia
- Si existe participación del crimen organizado
- En casos de montachoques, montadeudas u otros esquemas de fraude
Para extorsiones realizadas mediante plataformas digitales, servicios de mensajería o medios electrónicos, la pena puede alcanzar hasta 37 años de cárcel.
Control en reclusorios
Una de las reformas más relevantes establece que los centros penitenciarios tendrán seis meses para instalar sistemas que bloqueen llamadas, datos e imagen, con el fin de evitar que los internos continúen extorsionando desde dentro de las cárceles.
Además:
- Los reos que posean celulares u otros dispositivos enfrentarán de 6 a 12 años de prisión adicionales
- Funcionarios penitenciarios que permitan su ingreso recibirán la misma sanción
- Ministerios Públicos, policías y personal carcelario que no denuncien casos de extorsión serán castigados con entre 10 y 20 años de cárcel, una pena superior a la aprobada inicialmente en Diputados
La oposición respalda, pero advierte falta de presupuesto
Aunque la reforma fue aprobada por todas las bancadas, legisladores del PAN y PRI advirtieron que la ley llega tarde y señalaron que no existe un presupuesto claramente establecido para su implementación operativa.
