En el país existe un incremento de los homicidios dolosos contra niños, niñas y adolescentes al pasar de 766 en 2015 a mil 236 casos en 2017. En promedio 3.1 muertes por homicidio por día.
La CDMX pasó de 29 homicidios dolosos en 2015 a 32 en 2018, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2015-2018).
En 2018 se registraron mil 124 casos de egresos hospitalarios de personas entre 0 y 17 años por lesiones vinculadas a violencia, de las cuáles el 57 por ciento fueron por violencia física, el 19 por ciento por violencia psicológica y el 12 por ciento por violencia sexual.
Respecto a la violencia familiar, el 63 por ciento de los niños y niñas de uno a 14 años fue sometido al menos a una forma de castigo psicológico o físico por algún miembro adulto del hogar durante el mes anterior a la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015.
“Tenemos datos alarmantes sobre feminicidios de niñas y cómo el número se ha incrementado exponencialmente de alrededor de 40 en 2015 a más de 80 en 2018. A veces vemos la violencia en el contexto externo lo que tiene que ver con delincuencia, el crimen; pero además está la violencia en los hogares”, sostuvo la investigadora de Save the Children.
Al respecto, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), asegura que en el país se tiene normalizada la violencia o el castigo corporal, los malos tratos y las humillaciones.
Esa reminiscencia, agregó Pérez, continúa hasta nuestros días y aunque legalmente eso ya no aplica sí permanece culturalmente.
“Esto deja sin protección a los niños y a las niñas frente al poder adulto porque el Estado evade su responsabilidad primaria de protección”, señaló.
Para Save the Children es urgente el cumplimiento de los compromisos que hizo en campaña el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los nueve puntos de #MxporlaNiñez.
“Tanto a nivel federal como en la ciudad, tenemos que escuchar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, dar legitimidad a su voz.
“Segundo, las leyes no sirven en lo absoluto si no se acompañan de políticas públicas; eso significa programas, presupuesto e instituciones públicas operando, y tercero, necesitamos datos que nos permitan tener indicadores de avances, de retrocesos, para identificar los desafíos, de lo contrario en el próximo corte de datos encontraremos una realidad aún más severa”, concluye Pérez García.
