La Fiscalía General de la República (FGR) pidió una orden de aprehensión contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de delincuencia organizada vinculada al llamado “huachicol fiscal”. El mando naval, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, no se presentó a su audiencia judicial en Jalisco.
Ciudad de México, 5 de noviembre de 2025. — La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión en contra del contralmirante Fernando Farías Laguna, integrante de la Secretaría de Marina (Semar), señalado por su presunta participación en una red de “huachicol fiscal”, un esquema de evasión de impuestos mediante el contrabando de combustibles.
El alto mando naval es acusado del delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos, de acuerdo con fuentes judiciales.
La solicitud de captura se presentó luego de que Farías Laguna no acudiera a la audiencia programada el 5 de noviembre en los juzgados federales del Altiplano, en Jalisco, donde se le imputarían formalmente los cargos. Según los reportes, ya había aplazado la audiencia en dos ocasiones previas, la última el 20 de octubre.
El contralmirante, sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, es uno de los mandos señalados dentro de una investigación que involucra también a funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y otros elementos de la Marina, por presunta participación en operaciones irregulares con hidrocarburos importados.
Aunque Farías Laguna había tramitado un amparo para evitar su detención, el recurso fue revocado, por lo que la orden de aprehensión puede ejecutarse en cualquier momento.
Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, fue detenido el pasado 2 de septiembre y vinculado a proceso por delitos similares.
El esquema de “huachicol fiscal” opera mediante la falsificación de declaraciones aduanales: las empresas declaran el ingreso de combustibles bajo otras denominaciones, como aceites o lubricantes, para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros gravámenes federales.
Este caso ha encendido las alarmas en los círculos de seguridad nacional, pues involucra a mandos militares activos y a exfuncionarios del sector energético y aduanal, lo que podría derivar en una de las investigaciones más sensibles dentro de la Marina en los últimos años.
