Leonardo Mier, oficial nacional de Protección a la Infancia de Unicef, dijo que el aumento en los último años de homicidios de menores de edad, refleja la necesidad de implementar estrategias para proteger a las niños, niñas y adolescentes de los diversos tipos de violencia a los que se enfrentan en el país.
Declaró que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los asesinatos registrados en el grupo poblacional de 0 a 17 años de edad, el 78 por ciento de éstos se concentra en menores de 12 a 17 años de edad.
De esta cifra, el 80 por ciento corresponde a varones, lo que, agregó, podría estar relacionado con el crimen organizado.
Apuntó que las regiones donde se agrupa el mayor número de homicidios de este tipo se localizan en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero y algunos municipios fronterizos de Nuevo León.
Por otra parte, puntualizó que de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al menos el 20 por ciento de las personas desaparecidas están en el rango de edad de entre los 0 a los 18 años de edad, de este porcentaje el 80 por ciento son adolescentes, de los cuales 60 por ciento son mujeres.
“Nuestra propuesta es que, si no se atiende la violencia desde sus inicios en el entorno del hogar y de la escuela, difícilmente vamos a lograr reducir los índices de más extremas, como son las desapariciones y los homicidios. Entonces la apuesta es que haya un programa nacional de prevención de la violencia en todas sus formas”, dijo.
En este sentido, enfatizó la necesidad de que haya más coordinación entre las instancias encargadas de impartir justicia y las que se encargan en denunciar la violencia hacia menores de edad.
Asimismo, llamó a fortalecer a las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, “que son las que deben de responder como representantes del Estado mexicano y tienen que lograr que haya una restitución de derechos, reparación del daño, que los niños no vuelvan a sufrir violencia.
“El gran problema que seguimos teniendo, es que las procuradurías tienen capacidad muy limitada tanto presupuestales, como de personal técnico, que permita que su trabajo tenga un verdadero papel protagónico en la respuesta a la violencia de manera integral”, apuntó.
Fuente: Aristeguinoticias
