Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a obras de salud en 2012. Permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria.
Ciudad de México.— El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por el delito de peculado relacionado con un presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a un fondo de salud en 2012.
La resolución fue emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien determinó que existen elementos suficientes para iniciar un nuevo proceso penal en su contra dentro de la causa 667/2025.
De acuerdo con la acusación, los recursos señalados habrían sido sustraídos de un fondo destinado a obras y servicios de salud en beneficio de niños y adultos mayores en el estado de Veracruz.
Seguirá en prisión preventiva
El juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Duarte continuará interno en el Reclusorio Norte mientras se desarrolla el proceso judicial.
Además, se estableció un plazo de seis meses —que concluirá el 17 de agosto— para la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía General de la República como la defensa deberán reunir y presentar los datos de prueba correspondientes.
La decisión judicial impacta directamente en el escenario legal del exmandatario, cuya posible liberación estaba prevista para el 15 de abril, fecha en la que cumpliría nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, tras haberse declarado culpable en 2018.
Sin embargo, su equipo legal anunció que apelará la vinculación a proceso y que solicitará una nueva audiencia para revisar la medida cautelar antes de esa fecha.
Declaraciones tras la audiencia
Al término de la audiencia —que se prolongó por casi 11 horas—, Duarte aseguró no estar sorprendido por la determinación judicial y afirmó que “nuevamente gana la política sobre la justicia”.
El caso vuelve a colocar en el debate público nacional los procesos contra exgobernadores acusados de corrupción, un tema que ha marcado la agenda política y judicial en México durante la última década.
