Este lunes entro en vigor en Florida, que es el tercer estado con más indocumentados de Estados Unidos, una de las leyes antiinmigrantes más estrictas, aunque activistas trabajan ya para presentar una demanda judicial para lograr su derogación al considerarla “inconstitucional”.
La ley SB 168 prohíbe las llamadas ciudades ‘santuario’, que rechazan colaborar activamente con las autoridades federales migratorias en su proceso de deportar indocumentados, aunque no hay ninguna jurisdicciónque se haya declarado como tal en este estado con un 20 por ciento de población inmigrante.
La nueva norma exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía hacer cumplir la ley federal de inmigración y también a trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
En esa colaboración se incluyen los polémicos “detainers” o pedidos de ICE para que se mantenga en las cárceles para deportación a las personas detenidas, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal.
El director político de la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC), Thomas Kennedy, dijo este lunes a Efe que ese grupo de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes colabora con la organización Southern Poverty Law Center (SPLC) para demandar al Gobierno estatal por esta ley.
Comenzaron a trabajar en primavera en esta acción judicial, sobre la que no quiso adelantar detalles, al darse cuenta a mediados del pasado periodo legislativo de que los republicanos iban a aprobar una medida que haría inevitable una “batalla” en las cortes.
Para SPLC se trata de una ley que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, que “prohíbe la captura sin razón” y anticipa “costosos litigios” a las autoridades locales por mantener detenidos a los inmigrantes sin orden judicial.
Aunque entró en vigor este lunes, la ley da tres meses de margen a las autoridades policiales para iniciar esta colaboración activa con ICE antes de comenzar a sancionar a las jurisdicciones que rechacen hacerlo.
Mientras se inicia la batalla judicial, grupos de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes continúan con su tarea de informar a los indocumentados de que, sea cual sea su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales.
