El Gobierno de México inhabilitó este viernes a la constructora brasileña Odebrecht para participar en contrataciones públicas federales por un periodo de tres años.
Por medio de una circular de la
Secretaría de la Función Pública, publicada en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), se comunicó el impedimento para que la empresa constructora
Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, así como la
Constructora Norberto Odebrecth, participen en contrataciones de este tipo.
Esto fue comunicado a la Fiscalía
General de la República (FGR), a dependencias y entidades de la administración
pública federal, así como a empresas productivas del Estado y sus subsidiarias.
“A partir del día siguiente en que se
publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán
abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno, con dicha persona
moral, por encontrarse inhabilitada temporalmente por el paso de tres años”, se
lee en el documento.
También señala que los contratos
adjudicados y los que actualmente estén formalizados con la empresa no quedarán
comprendidos por la circular publicada.
Cuando transcurra el plazo de tres años
concluirán los efectos de la suspensión.
En octubre de 2018 la brasileña
Odebrecht ofreció al Estado mexicano pagar una reparación de 18 millones de
dólares -menos de la tercera parte de las multas impuestas en México- y dar
información sobre casos de sobornos en el país, a cambio de poder celebrar otra
vez contratos de obras públicas, de acuerdo con reportes de Reuters.
En dicha propuesta, presentada ante la
Procuraduría General de la República (ahora FGR), la cual fue rechazada por el
Gobierno de México, Odebrecht pedía que el trato se mantuviera confidencial y
que, tanto la PGR como la Secretaría de la Función Pública, desistieran de
iniciar futuras acciones en su contra.
La SFP, el ente contralor de la
administración pública, ha multado desde el año pasado a dos filiales de
Odebrecht en México con casi 57 millones de dólares por sospechas de corrupción
y las inhabilitó hasta por cuatro años para participar en contratos públicos.
Odebrecht confesó a fines del 2016 en
una corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a
funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre 2010 y
2014.
