La organización civil Propuesta Cívica advierte que el ex-mandatario de Veracruz, actualmente sentenciado por corrupción, tiene pendiente una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por desapariciones forzadas, lo que convierte su posible liberación anticipada en un riesgo para las víctimas y la justicia.
La organización civil Propuesta Cívica ha emitido este miércoles un contundente llamado de atención al sistema de justicia mexicano: el ex-gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente recluido tras una sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero, sigue enfrentando una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, particularmente desapariciones forzadas durante su administración (2010-2016).
La alerta se produce en medio de la audiencia programada para el próximo miércoles 19 de noviembre, en la que se evaluará si Duarte puede acceder a la libertad anticipada. Propuesta Cívica considera que conceder este beneficio sin resolver los crímenes de lesa humanidad sería “un agravio a las víctimas y una afrenta a la justicia”.
Durante la gestión de Duarte en Veracruz, la ONG recuerda que al menos 16 periodistas fueron asesinados y tres más desaparecieron, lo que posicionó al estado como “la región del mundo más peligrosa para ejercer el periodismo”. infobae+1
Propuesta Cívica enfatiza que la solicitud de liberación anticipada debe valorarse no solo en función de la conducta del exmandatario en prisión, sino también por el impacto de los delitos atribuidos y el riesgo que una liberación temprana representaría para las víctimas y la sociedad.
Asimismo, la ONG exige a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue de manera “efectiva, imparcial y con la debida diligencia” la denuncia ante la CPI y que se garantice que “los hechos sean esclarecidos y que las responsabilidades, tanto individuales como institucionales, sean determinadas conforme a los más altos estándares de justicia”.
Finalmente, Propuesta Cívica adelantó que a inicios de 2026 presentará el resultado de una investigación que documenta el contexto de “macro-criminalidad” que dominó el estado de Veracruz durante la administración de Duarte, con énfasis en violencia contra los medios y patrones de impunidad.
