Con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la ley eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En estos momentos se lleva a cabo la discusión en lo particular de los artículos reservados en San Lázaro.
Sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la legisladora de Morena, Dolores Padierna, dijo que el dictamen pretende corregir las dificultades que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que la iniciativa busca resctar a la comisión, por ser una empresa indispensable para el desarrollo.
En contraparte, el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, explicó que la ley es inconstitucional porque no permite la libre comercialización a la que tienen derecho los habitantes e inversionistas.
“El Congreso recibió la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica que dice que esta iniciativa viola el artículo 28 porque impide la libre competencia”, dijo.
“Cómo es posible que piensen que hacen un trabajo honorable para el país, si no incluyen los argumentos constitucionales que la SCJN hizo públicos. Para lograr una normatividad que apoye a las energías renovables y un sistema eléctrico nacional que se traduzca en mejores costos año tras año para la población se requiere revisar esta iniciativa preferente”, agregó.
El dictamen aprobado señala que se garantiza la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional y mantiene las tarifas bajas conforme a los intereses de la nación y en beneficio de los usuarios.
La iniciativa prevé la obligación de que los permisos a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica se encuentren sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía.
“Establece que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas y elimina la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos” , señala.
Además, obliga a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante actos constitutivos de fraude a la ley.
