Entre 2023 y 2024, Adán Augusto López Hernández recibió más de 79 millones de pesos de empresas privadas que no reportó en sus declaraciones patrimoniales. Documentos oficiales revelan vínculos con compañías contratistas de su gobierno en Tabasco e incluso con una empresa fantasma señalada por el SAT.
Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, precandidato presidencial y actual senador de Morena, enfrenta cuestionamientos por una red de ingresos millonarios que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales oficiales.
De acuerdo con documentos fiscales obtenidos por la Unidad de Investigación N+ Focus, entre 2023 y 2024 recibió 79 millones de pesos de al menos tres empresas privadas. Los pagos se registraron como “servicios profesionales”, pero varias de esas compañías habían sido contratistas durante su administración como gobernador de Tabasco y otra fue identificada por el SAT como empresa fantasma.
En noviembre y diciembre de 2023, López Hernández recibió 20.5 millones de pesos, distribuidos en:
- 8.9 millones de GH Servicios Empresariales.
- 11.5 millones de Operadora Turística Rabatte.
La primera compañía fue catalogada por el SAT como “fantasma” y usó un correo electrónico vinculado directamente con Adán Augusto y su hermano: corporativo_chontalpa@hotmail.com. En 2024, esta misma empresa le transfirió 2.8 millones de pesos, antes de que su sello digital fuera suspendido por irregularidades fiscales.
Otra de las compañías involucradas es Capital Cargo del Golfo, que pagó 18.8 millones de pesos en 2024 y que previamente había recibido contratos por adjudicación directa durante su gobierno en Tabasco.
Las inconsistencias también aparecen en sus declaraciones públicas:
- En 2023, como titular de la Secretaría de Gobernación, reportó ingresos por 7 millones, aunque en realidad percibió más de 22 millones.
- En 2024, declaró ante el SAT 58.1 millones, pero ante la contraloría del Senado solo informó 625 mil pesos.
Por ley, la omisión o falsedad en declaraciones patrimoniales puede derivar en sanciones que van desde suspensión o destitución, hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Este caso se suma a los cuestionamientos sobre la relación entre poder político, contratos públicos y beneficios privados que han marcado la trayectoria de López Hernández en los últimos años.
