En la última década, 82 de 125 defensores de la tierra y el agua víctimas de homicidio o desaparición han sido de pueblos originarios, principalmente naguas, purépechas, rarámuri, triquis y wixárikas.
La lista posee una cifra reveladora: 82 de las 125 víctimas eran indígenas, 66 por ciento del total; es decir, dos de cada tres casos, de acuerdo con la base de datos procesada por mexico.com
La población indígena en México es de 12 millones y representa 10 por ciento de la población nacional.
El retrato de Antonio Esteban Cruz está en la mesa del altar de la casa de Xiloxochil, Cuetzalan, en el gran bosque de niebla de la Sierra Nororiental de Puebla.
Antonio Esteban fue acribillado cuatro años atrás, de cuatro balazos, a orillas del río Apulco, el que defendió cuando regresaba de hacer su labor en la parcela. Él fue el dirigente estatal de una organización que frenó el proyecto de la hidroeléctrica Cuamono, participó en la fundación del Frente Indígena Campesino de México (FICAM), y explicó en náhuatl a comunidades monolingües la devastación que provocan los proyectos extractivos.
Antonio Esteban lideraba el Movimiento Independiente Obrero Campesino y Popular-Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA-MN). Tras su asesinato en 2014 fue reemplazado por el abogado nahua Manuel Gaspar Rodríguez, quien recibió amenazas desde que asumió la dirigencia ese mismo año y también fue ultimado.
Manuel Gaspar lideró la lucha contra proyectos de minería a cielo abierto, fracking, hidroeléctricas, la construcción de la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, y logró la clausura de un basurero municipal a cielo abierto. Lo mataron con un arma punzocortante el 14 de mayo de 2018.
Sandino Rivera, representante legal del MIOCUP, detalla: “semanas antes de que lo mataran recibió amenazas de muerte y, dos días antes, ambos estuvimos en un foro hablando contra megaproyectos”.
Erwin Slim, integrante del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan —que tiene un reglamento municipal único en el país que prohíbe el desarrollo de megaproyectos y protege los ecosistemas de sus 168 comunidades—, expone sobre los dos asesinatos: “si Cuetzalan es el municipio más protegido de México (contra esos megaproyectos), y pasa lo que pasa, cómo estarán de vulnerables los otros municipios del país que no tienen esta cobertura”.
Tras el homicidio de Manuel Gaspar, otros dos defensores nahuas opuestos a hidroeléctricas sufrieron crímenes en Puebla en 2018: Adrián Tihuilit fue asesinado el 1 de junio, en Zacapoaxtla, y Sergio rivera Hernández due desaparecido el 23 de agosto en Zoquitlán.
De acuerdo con la base de datos de mexico.com, el pueblo nahua registra el mayor número de casos a nivel nacional (45), seguido por el purépecha (19), rarámuri (8), triqui (4), wixárika (3), y con un caso, los pueblos yaqui, ayuuki, tsotsil y mixteco.
Albino Limón Hernández es militante del MIOCUP y vive en Xiloxochil. La localidad nahua está enclavada en la exuberante sierra poblana, de clima cálido y húmedo, vecina de Veracruz, en la que abundan los árboles de lima, naranjo, guanábana, plátano, guayaba, piña, pimienta y mamey. Un paraíso montañoso.
Albino muestra la lona que se mandó a hacer con las fotografías de Antonio Esteban y Manuel Gaspar en exigencia de justicia por sus asesinatos cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Del total de 125 crímenes contra defensores, 49 ocurrieron en el gobierno de Peña Nieto y 76 en el de Felipe Calderón. En el 2011, durante el sexenio del panista, se registró el mayor número: 30. Le siguió 2017, bajo el gobierno del priista, con 19. En el último año han ocurrido 14.
Global Witness, la organización inglesa que hace un reporte anual de homicidios de activistas ecologistas en el mundo, ubicó a México en el cuarto lugar en 2017. La organización consignó 15 acaecidos en el país. El primer lugar lo obtuvo Brasil, con 57; el segundo fue Filipinas, con 48, y el tercero, Colombia, con 24.
Billy Kyte, de Global Witness, asegura que son cuatro los factores globales que posibilitaron los asesinatos en México: la exclusión de las comunidades por parte del gobierno en la toma de decisiones sobre megaproyectos en sus territorios, la ausencia de protección efectiva a defensores en riesgo, la impunidad, y la expansión del crimen organizado.
La base de mexico.com revela que en 65 de los 125 crímenes, es decir en la mitad, está involucrada la defensa del agua. Sea porque las víctimas se oponían a proyectos mineros, hidroeléctricos, de contaminación industrial o despojo de líquido. La defensa forestal está en 74. La tenencia de la tierra en 56.
Las comunidades se organizaron y se opusieron al considerar que el proyecto era la avanzada de la megaminería que consume millones de metros cúbicos de agua. También que anticipaba la extracción de energéticos a través de la fractura hidráulica o fracking. Este es un método agresivo de perforación que demanda entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, según la Alianza Mexicana contra el Fracking.
En el movimiento ecologista de Cuetzalan hay reservas sobre lo que pasará con los proyectos suspendidos de la hidroeléctrica, la subestación eléctrica de Cuetzalan y los mineros y de hidrocarburos ante el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.
Erwin Slim considera que el documento del proyecto de nación de López Obrador es de carácter “extractivo”.
Dice que la incertidumbre permea en defensores ambientales aunque una activista local reconocida, María Luisa Albores —ingeniera agrónoma de Chapingo integrante de la Unión de Cooperativas Teosepan Titaniske, que produce café y pimienta y es afamada en el mercado justo internacional—, será la próxima titular de la Secretaría de Bienestar de su gobierno.
Billy Kyte de Global Witness, advierte que el respeto a los derechos humanos y ambientales en México debe ser una prioridad para el presidente entrante.
“López Obrador debe asegurar justicia para los activistas asesinados, fortalecer la implementación del Mecanismo de Protección para personas defensoras, y garantizar que las comunidades puedan dar o no su consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de sus tierras”, sentenció.
Los casos de Antonio Esteban y de Manuel Gaspar, como los otros crímenes contra defensores ambientales, seguirán impunes por tiempo indefinido.
