Desde su curul la diputada federal por Quintana Roo, Mildred Ávila Vera, exhortó a gobiernos estatales y municipales a que asignen, en la medida que sus facultades lo permitan, un porcentaje de presupuesto mayor al considerado para atender la violencia feminicida.
Durante su participación en la Sesión Ordinaria del pasado 25 de febrero la legisladora federal manifestó que ante la crisis de seguridad que atraviesa el país, sobre todo, ante la emergencia nacional por la violencia feminicida que no solo mata a mujeres sino que se ha ensañado en contra de las niñas, ve con preocupación que los recursos de seguridad se distribuyen a acciones que buscan ser más reactivas que preventivas en el tema de certificación policiaca.
Mildred Ávila hizo referencia que el monto total de los recursos presupuestarios federales del FORTASEG asciende a 4 mil millones de pesos que se asigna a modelos policiales, a la justicia cívica, a la profesionalización y certificación policial, al equipamiento e infraestructura y a la prevención del delito, siendo este último justo el que menos recursos recibe, debido a que se prioriza lo reactivo sobre lo preventivo.
“Se deja para la prevención un mínimo recurso que debe distribuirse entre la prevención de la violencia escolar, jóvenes en la prevención, la cultura de paz y la prevención de la violencia familiar y de género. Es así como se atomiza el recurso de la prevención, que en la dispersión, logra muy poco impacto, especialmente para atender desde lo municipal las alertas de violencia de género, particularmente en aquellos municipios con mayor incidencia de violencia feminicida.”
Ávila Vera indicó que la misma problemática se aprecia con los recursos FASP cuyo monto total asciende a más de 7 mil millones de pesos, y que se distribuye entre los estados, otorgando a cada uno más de 100 millones de pesos e incluso hasta 200 millones de pesos -o más- para contribuir en 7 programas denominados de prioridad nacional.
“Las deficiencias en la ejecución efectiva de recursos, el poco impacto en la seguridad de las mujeres y la dispersión en las acciones de prevención, limita el derecho de las mujeres a la seguridad y ante la emergencia nacional de violencia feminicida nos obliga a replantearnos su distribución, sus ejecución y el impacto esperado, por lo que desde esta tribuna exhorto a los gobiernos estatales y municipales a que asignen, en la medida que sus facultades lo permitan, un porcentaje de presupuesto mayor al considerado para atender la violencia feminicida”, expresó la diputada quintanarroense.
Para concluir su participación la legisladora afirmó que estarán atentos en sus territorios a la transparencia, distribución y ejecución de dichos recursos, que representan la oportunidad de salvar la vida de miles de personas y especialmente de mujeres y niñas.
